La Anatomía de un Fraude Millonario

Una investigación periodística destapó en 2020 un esquema de fraude informático que operó durante 16 años en la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, revelando fallas sistémicas que costaron más de 160 millones de pesos al erario público y expusieron vulnerabilidades críticas en la seguridad de datos previsionales.

El Momento de la Verdad

Era una mañana de julio de 2020 cuando Daniel Enz, director de la revista ANÁLISIS, recibió información que cambiaría para siempre la historia del sistema previsional entrerriano. Los datos que llegaron a su redacción eran tan alarmantes que inicialmente fueron tildados de «fake news» por el aparato comunicacional oficial de Entre Ríos.

«Tenemos algo que no te va a gustar«, le habría dicho una fuente del IOSPER (Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos) a Enz, según relatos reconstruidos de la investigación. «Detectamos que jubilados fallecidos siguen apareciendo en nuestro padrón… y el problema es mucho más grande de lo que pensábamos«.

Lo que comenzó como una rutinaria auditoría cruzada entre el IOSPER y la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Entre Ríos se había convertido en el descubrimiento de un fraude millonario que operaba desde hacía más de una década y media.

Un Sistema Sin Vigilancia

Daniel Antonio Elías, abogado de 62 años, había presidido la Caja de Jubilaciones durante 17 años consecutivos. Su gestión, que comenzó en 2003, transcurría sin sobresaltos aparentes hasta que la investigación periodística puso al desnudo una realidad escalofriante: al menos 150 personas fallecidas continuaban recibiendo pagos mensuales por un valor superior a los 160 millones de pesos.

«¿Cómo es posible que durante tanto tiempo nadie se diera cuenta?«, se preguntaba Gastón Bagnat, quien posteriormente asumiría la presidencia del organismo en diciembre de 2023. «Encontramos un sistema previsional completamente colapsado, sin controles cruzados efectivos y con vulnerabilidades que databan de décadas«.

La metodología del fraude era tan simple como devastadora: cuando el Registro Civil informaba fallecimientos al IOSPER, esa información no llegaba automáticamente a la Caja de Jubilaciones. Este vacío en la comunicación interinstitucional creó una ventana de oportunidad que se mantuvo abierta durante años.

La Radiografía del Engaño

Según el informe del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, elaborado por la fiscal Nancy Vinagre y el contador auditor Cristina Firpo, las irregularidades seguían un patrón específico que evidenciaba falta de controles sistémicos:

Los casos más antiguos databan de 2003, pero el punto de inflexión ocurrió el 30 de julio de 2012, cuando comenzó una oleada masiva de pagos irregulares. «En todos los casos analizados coincide una primera acreditación ese día que continuó sucesivamente hasta 2020«, detalla el documento oficial.

El sistema operaba así: una vez que las personas fallecían, sus cuentas bancarias permanecían activas y continuaban recibiendo depósitos mensuales. En muchos casos, el dinero era retirado de cajeros del Banco de Entre Ríos, lo que evidenciaba que alguien tenía acceso a las tarjetas y códigos de las víctimas.

«Habiendo transcurrido casi 10 años de algunos fallecimientos, el organismo depositó los haberes en las cuentas bancarias«, señala el informe del Tribunal de Cuentas. «Esto demuestra un presunto obrar ilícito desde el organismo previsional«.

El Nexo Tecnológico: La Conexión Excelcom

La investigación reveló un elemento que añadía complejidad al caso: la presunta relación entre Elías y la empresa santafesina Excelcom S.A., especializada en tecnología e insumos informáticos. Esta empresa, dirigida por Diego Aníbal Urba, había sido proveedora tanto de la Caja de Jubilaciones como del desaparecido Sidecreer (Sistema de Crédito de Entre Ríos).

Excelcom ya tenía antecedentes judiciales problemáticos. En 2020, la Cámara de Casación de Paraná confirmó la condena de Juan José Canosa, ex presidente de Sidecreer, por negociaciones incompatibles con la función pública. Canosa había contratado a Excelcom por más de 110,000 dólares en insumos informáticos, beneficiando a una red familiar que incluía a Urba y las hermanas María José y Alicia Cuestas.

«Se comprobó que la empresa Excelcom fue contratada en numerosas oportunidades, por sumas que superan los ciento diez mil dólares«, establece la documentación judicial. Las adquisiciones incluían tanto hardware como software de respaldo, elementos críticos para la gestión de bases de datos previsionales.

Las Señales Ignoradas

Lo más perturbador del caso Elías es que las alertas habían sonado repetidamente durante años, pero fueron sistemáticamente ignoradas. El Tribunal de Cuentas había detectado beneficiarios fallecidos recibiendo pagos en 2005, 2011, 2014 y 2016.

«La detección de beneficiarios fallecidos a los que se les continuaban depositando los haberes ya habían sido observadas por el TdC en 2005«, confirma el informe oficial. «Luego, en 2011, el organismo le comunicó al presidente de la Caja sobre pagos por largos períodos a personas fallecidas y efectuó una serie de recomendaciones«.

Edgardo Scarione, quien sucedió a Elías en la presidencia, explicaría posteriormente: «No había convenios actualizados con el Registro Civil y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Nadie hacía cruces de datos y no se accedía a esa información desde hacía muchos años«.

La explicación inicial de Elías fue que «en todos los casos se trataba de beneficiarias de jubilaciones de amas de casa que habían fallecido fuera de la provincia o del país«. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas determinó que «las irregularidades no se limitaban pura y exclusivamente a ese tipo de situaciones«.

El Estilo de Vida que Despertó Sospechas

Mientras la Caja de Jubilaciones acumulaba déficits millonarios, Daniel Elías había desarrollado un estilo de vida que llamaba la atención. Según la investigación periodística, mantenía «una coqueta residencia en Paraná» y «una aún más preciada casa en Nordelta, en el Tigre«, además de frecuentes publicaciones en redes sociales desde su inmueble en el Delta bonaerense.

«Durante la pandemia muy pocas veces -casi nulas- estuvo en la capital entrerriana ejerciendo su puesto«, documentó el portal davidricardo.com.ar. «Por las publicaciones del mismo Elías en las redes sociales, donde es un famoso instagramer, se conoce que se la pasa en su inmueble en el Delta bonaerense«.

Este comportamiento contrastaba dramáticamente con la crisis financiera del organismo que dirigía. La Caja de Jubilaciones registraba un déficit del 41% entre lo que recaudaba y lo que pagaba, requiriendo transferencias constantes del Tesoro provincial para mantenerse operativa.

La Huida Estratégica

El 28 de julio de 2020, tras las primeras denuncias públicas, Daniel Elías presentó su renuncia «tras 17 años en el sillón«. Sin embargo, su salida del organismo no significó el fin de su relación con el Estado provincial.

Mediante una maniobra administrativa, Edgardo Scarione le otorgó una adscripción para trabajar en el Congreso Nacional como asesor del diputado Marcelo Casaretto. Esta designación le permitió continuar cobrando su sueldo de la Caja de Jubilaciones mientras residía en Buenos Aires.

«Poco se supo en estos años sobre la tarea desempeñada por Elías en la Cámara de Diputados de la Nación«, reportó el medio Análisis Digital en 2024. «No obstante, su adscripción se fue renovando año a año y continuó cobrando su sueldo de la Caja de Jubilaciones«.

La situación se mantuvo hasta que la nueva gestión de Rogelio Frigerio ordenó la revisión de todas las adscripciones irregulares. En abril de 2024, se anuló su designación y se le ordenó presentarse a trabajar, momento en que Elías solicitó cinco meses de licencia para iniciar su trámite jubilatorio.

El Costo de la Negligencia

Los números finales del fraude son escalofriantes desde cualquier perspectiva empresarial. La Caja de Jubilaciones recuperó 160 millones de pesos en dinero que permanecía en cuentas bancarias inactivas, pero las estimaciones totales del daño al erario provincial rondan los 2,000 millones de pesos acumulados durante 16 años.

«En la medida que el banco vio que las cuentas estaban vacías, era porque lo habían cobrado familiares de los fallecidos«, explicó Scarione. «Por el alto porcentaje de recupero de capital, se iba depositando, no quiere decir que los muertos cobraban«.

Esta aclaración es fundamental para entender la mecánica del fraude: no se trataba de «muertos que cobraban», sino de un sistema con vulnerabilidades tan graves que permitía el cobro indebido durante años sin detección.

Lecciones para la Ciberseguridad Empresarial

El caso Elías trasciende la corrupción política tradicional y se convierte en un manual de estudio sobre vulnerabilidades en sistemas de gestión de datos críticos. Las fallas identificadas son extrapolables a cualquier organización que maneje información sensible:

Falta de controles cruzados automatizados: La ausencia de verificación regular entre bases de datos críticas (Registro Civil, SINTyS, sistemas bancarios) creó ventanas de oportunidad para fraudes prolongados.

Deficiencias en la supervisión de proveedores tecnológicos: La relación con Excelcom evidencia la importancia de auditar no solo los sistemas, sino también las empresas que los mantienen y actualizan.

Ausencia de alertas por patrones anómalos: Un sistema robusto habría detectado automáticamente el patrón de pagos iniciados masivamente el 30 de julio de 2012.

Concentración de poder sin controles independientes: Diecisiete años de gestión unipersonal sin rotación ni auditorías independientes efectivas crearon las condiciones ideales para la perpetuación de irregularidades.

La Reforma que Llegó Tarde

Gastón Bagnat, quien asumió la presidencia de la Caja en diciembre de 2023, implementó inmediatamente controles que podrían haber evitado el fraude de Elías. «Implementamos controles estrictos y mejoramos nuestros procesos administrativos«, explicó. «Entre agosto y septiembre de 2024, logramos recuperar 195 millones de pesos adicionales mediante estos nuevos procedimientos«.

Los cambios incluyen:

• Verificación cruzada automatizada con múltiples bases de datos
• Auditorías mensuales de pagos a beneficiarios
• Alertas automáticas por patrones de comportamiento anómalos
• Rotación obligatoria de personal en áreas críticas
• Digitalización completa de procesos para crear trazabilidad

«Recibimos un sistema previsional colapsado, con un déficit de más del 41% con tendencia a crecer rápidamente«, reconoció Bagnat. «No había otra alternativa que diseñar una estrategia integral para contener ese déficit y prevenir nuevos fraudes«.

El Legado de una Negligencia Costosa

Cuatro años después del estallido del caso, la Resolución N° 000066 del 10 de junio de 2024 formalizó las conclusiones de la investigación administrativa. El documento establece que «con su conducta irregular y negligente, [Elías] no efectuó las diligencias necesarias a fin de proceder en tiempo y forma con el debido control de supervivencia de los beneficiarios del sistema previsional«.

La resolución concluye que «lo que permite establecer la relación de causalidad entre el hecho y el daño no es una actividad o una acción del funcionario, sino más bien todo lo contrario. Es la omisión del funcionario a cargo del organismo«.

Daniel Elías, hoy con 38 años de aportes y tramitando su jubilación, evitó consecuencias penales debido a que la investigación judicial no prosperó. Sin embargo, enfrenta un sumario administrativo por responsabilidad disciplinaria que podría resultar en la pérdida de su derecho jubilatorio.

Reflexiones para el Sector Empresarial

El caso Elías ofrece lecciones invaluables para ejecutivos de marketing y seguridad informática que manejan datos sensibles en sus organizaciones:

La importancia de la rotación: Diecisiete años en el mismo cargo sin controles independientes crearon un ambiente propicio para irregularidades sistemáticas.

Auditorías automatizadas vs. manuales: Los controles manuales esporádicos fallaron repetidamente, mientras que los sistemas automatizados implementados posteriormente detectaron irregularidades inmediatamente.

Costo reputacional del fraude: El escándalo no solo costó 160 millones de pesos recuperables, sino que dañó la confianza pública en el sistema previsional entrerriano durante años.

Redes de proveedores: La conexión con Excelcom demuestra la importancia de auditar no solo sistemas internos, sino también las empresas que tienen acceso a información crítica.

En un contexto donde la transformación digital acelera el manejo de datos sensibles, el caso Elías funciona como recordatorio de que la tecnología debe ir acompañada de controles humanos efectivos y sistemas de supervisión robustos.

La pregunta que queda resonando para cualquier organización es simple pero crucial: ¿Cuántos «Daniel Elías» operan sin detección en sistemas considerados seguros?

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