La Mega Auditoría que Expuso un Sistema Corrompido

Las estadísticas no mienten«, le habría dicho a Mario Russo, ministro de Salud, durante una reunión de emergencia convocada esa misma tarde. Entre 2003 y 2015, la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80,000 a 1,050,000. Ni siquiera países que atravesaron guerras mundiales vieron un crecimiento así.

El ex abogado personal de Javier Milei había asumido la dirección de ANDIS con el mandato específico de auditar el sistema previsional no contributivo. Lo que encontró superó todas las proyecciones: una actividad fraudulenta a gran escala que había desviado fondos por el equivalente a USD 3,400 millones solo en 2023.

La Radiografía de un Sistema Quebrado

El 19 de julio de 2024, Manuel Adorni, vocero presidencial, compareció ante la prensa para anunciar oficialmente los resultados de la investigación más exhaustiva jamás realizada sobre pensiones por discapacidad en Argentina. Las imágenes que mostró a los periodistas resumían la magnitud del fraude: una radiografía canina presentada por un médico correntino para obtener una pensión, donde claramente se distinguía la cola del animal.

En 2022, un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó al certificado que presentó para la obtención de una pensión la radiografía de un perro«, explicó Adorni, sosteniendo la copia del documento mientras las cámaras enfocaban la imagen. «En la provincia de Chaco, una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez diferentes.

Pero los casos anecdóticos eran solo la punta del iceberg. El trabajo conjunto entre ANDIS, el Ministerio de Salud y PAMI había revelado irregularidades sistémicas que abarcaban todo el territorio nacional y comprometían la credibilidad de todo el sistema de protección social.

El Crecimiento Exponencial de la Corrupción

Los números son tan extraordinarios que requieren contexto histórico para ser comprendidos. En 2003, Argentina contaba con 79,000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. En 2015, la cifra había alcanzado 1,000,045 personas. Para diciembre de 2023, el registro oficial marcaba 1,222,000 beneficiarios.

Es un número estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales«, señaló Adorni durante la conferencia de prensa. «Durante la gestión de Alberto Fernández, esta cifra volvió a ascender, llegando a unas 1,250,000 pensiones entre 2019 y 2023.

Para dimensionar este crecimiento: en 12 años, el número de pensiones se multiplicó por 13. En términos comparativos, países que experimentaron conflictos mundiales como Alemania o Japón nunca registraron proporciones similares de población con discapacidad laboral.

La Metodología del Engaño Masivo

La auditoría dirigida por ANDIS y ejecutada por profesionales médicos de PAMI reveló técnicas de fraude que combinaban corrupción médica, falsificación documental y manipulación clientelar. Los casos documentados incluyen:

Fraudes médicos sistémicos:

• Más de 150 trámites utilizaron radiografías duplicadas
• Certificados por amputaciones inexistentes en personas con miembros completos
• Diagnósticos sin criterio de invalidez como pie plano catalogados como discapacidad laboral total
• Una mujer se disfrazó de su esposo fallecido para continuar percibiendo la asignación

Incompatibilidades administrativas:

• 212 presos cobraban pensiones por invalidez de manera irregular, el 85% otorgadas durante gobiernos kirchneristas
• 331 prófugos de la justicia recibían beneficios mientras evadían la ley
• 25,000 personas pensionadas trabajaban formalmente mientras cobraban por incapacidad laboral
• 60,000 beneficiarios poseían múltiples propiedades, vehículos, embarcaciones y hasta aviones privados

Clientelismo político documentado:

• 683 empleados de la Dirección General de Cultura y Educación de Buenos Aires recibían pensión por invalidez, el 65% otorgadas en menos de 30 días
• Durante gobiernos kirchneristas se llegaron a otorgar hasta 1,000 pensiones en actos políticos
• Beneficiarios admitieron haber recibido pensiones por estar «respaldados por representantes del Movimiento Evita«

El Operativo de Detección más Grande de la Historia

El proceso de auditoría implementado por Spagnuolo estableció un protocolo de verificación sin precedentes en la administración pública argentina. La metodología incluyó:

Citación mediante carta documento al domicilio declarado del beneficiario, especificando fecha, hora y lugar para revisión médica presencial. En caso de inasistencia, segunda intimación. Si persiste la ausencia, suspensión automática del beneficio.

Revisión médica integral a cargo de profesionales de PAMI, requiriendo:

• Documento Nacional de Identidad
• Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
• Historial clínico completo
• Certificados médicos originales que respaldaron el otorgamiento

Cruce de datos en tiempo real con múltiples organismos:

• ANSES para verificar vínculos laborales
• AFIP para controlar declaraciones patrimoniales
• Ministerio de Justicia para detectar presos y prófugos
• PAMI para validar diagnósticos médicos
• Registro Civil para confirmar fallecimientos

Los Resultados que Impactaron al Sistema

Entre febrero y julio de 2025, la auditoría procesó más de un millón de beneficiarios, generando los siguientes resultados:

80,080 pensiones suspendidas o dadas de baja, distribuidas así:

• 65,230 por anomalías administrativas y médicas
• 8,207 renuncias voluntarias para evitar consecuencias legales
• 6,643 fallecidos cuyos familiares continuaban cobrando

Ahorro mensual inmediato de $23,000 millones, considerando que cada pensión promedia $289,000 mensuales. En términos anuales, esto representa más de $276,000 millones que retornan al erario público.

Proyección de 250,000 bajas adicionales a medida que avance la auditoría sobre el millón de beneficiarios restantes. Si esta proyección se cumple, el ahorro total superaría los $900,000 millones anuales (aproximadamente USD 700 millones).

El Caso Chaco: Laboratorio del Fraude Sistemático

La provincia de Chaco se convirtió en el caso de estudio paradigmático del fraude previsional argentino. La investigación de ANSES detectó un esquema orquestado por un estudio contable de Resistencia que simulaba vínculos laborales inexistentes para que personas sin los 30 años de aportes mínimos accedieran a jubilaciones anticipadas.

La operatoria consistía en declarar relaciones laborales falsas ante la Agencia de Recaudación de la provincia del Chaco (ARCA), explicó el Ministerio de Capital Humano. Utilizaban datos personales de otros clientes para hacerlos figurar como empleadores en expedientes destinados a legitimar vínculos de dependencia laboral retroactivos.

El estudio contable instruía a los supuestos empleadores para sostener la versión ante eventuales consultas oficiales. Cuando ANSES entrevistó a quienes figuraban como dadores de empleo, estos reconocieron no conocer a las personas que aparecían como sus empleados y confirmaron haber sido asesorados para declarar falsamente.

En la auditoría específica de pensiones por discapacidad en Chaco, de 2,344 beneficiarios auditados, solo 365 cumplían con los requisitos para mantener el beneficio. Esto significa que 7 de cada 10 pensiones estaban mal otorgadas, no cumplían requisitos o eran fraudulentas.

La Transformación de la Discapacidad en Mercancía Política

Uno de los aspectos más perturbadores revelados por la auditoría fue el uso sistemático de las pensiones por discapacidad como herramienta de clientelismo político. Diego Spagnuolo documentó que «durante los gobiernos kirchneristas se llegaron a otorgar hasta mil pensiones en actos políticos«, lo que representaba un desvío mensual de aproximadamente $300 millones.

Los testimonios recopilados durante las auditorías revelan la mecánica del sistema:

• Beneficiarios con documentación incompleta o diagnósticos falsos argumentaron haber recibido la pensión por estar «respaldados por representantes del Movimiento Evita«
• Un hombre presentó cuatro diagnósticos de salud diferentes para la misma discapacidad y asistió a la revisión «acompañado de un abogado«
• En lugar de un beneficiario, se presentó su hijo, quien reconoció que su padre «vive en Egipto desde hace meses» mientras él cobraba la pensión

La magnitud del clientelismo se evidencia en que el 65% de las 683 pensiones otorgadas a empleados de Educación bonaerense fueron procesadas en menos de 30 días, un plazo imposible para una evaluación médica seria.

La Respuesta Gubernamental: Decreto 842/2024

El 9 de abril de 2024, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 842/2024, que establece un nuevo marco normativo para las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. La norma, refrendada por el jefe de gabinete Guillermo Francos y el ministro Mario Russo, introdujo cambios radicales:

• Creación del Cuerpo Médico Evaluador bajo órbita exclusiva de ANDIS, con competencia para determinar la validez de diagnósticos presentados.
• Endurecimiento de requisitos de acceso: incapacidad total y permanente del 66% o más (anteriormente era más flexible), verificada mediante Certificado Médico Oficial de establecimientos sanitarios oficiales.
• Prohibiciones específicas: personas detenidas, prófugas, con ingresos incompatibles, beneficiarios de otras prestaciones previsionales o planes sociales incompatibles no pueden acceder ni mantener la pensión.
• Facultades de auditoría ampliadas: ANDIS puede suspender cautelarmente beneficios ante sospechas fundadas, cruzar información en tiempo real con ANSES, PAMI, AFIP y Ministerio de Justicia.
• Reinscripción obligatoria de todos los beneficiarios mediante declaración jurada actualizada y nueva evaluación médica.

La Resistencia al Cambio: Organizaciones vs. Transparencia

La implementación del nuevo sistema enfrentó resistencia de organizaciones que habían funcionado como intermediarias del antiguo esquema clientelar. La Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA), patrocinada por el abogado Nicolás Rechanik, interpuso una acción de amparo solicitando la suspensión de las auditorías presenciales.

La demanda argumenta que las auditorías son «violatorias de derechos fundamentales» y solicita «la incorporación de mecanismos alternativos como auditorías virtuales, domiciliarias o con apoyos«. Sin embargo, estas alternativas fueron precisamente las que permitieron los fraudes masivos detectados.

El contraste es evidente: mientras las organizaciones demandan flexibilización, los datos revelan que el 60% de los convocados no se presenta a las revisiones médicas obligatorias, sugiriendo que una proporción significativa no cumple realmente los requisitos.

Lecciones Empresariales: Vulnerabilidades en Sistemas de Gestión Masiva

El caso ANSES 2025 ofrece insights fundamentales para empresas que manejan sistemas de beneficios, seguros o prestaciones sociales:

• Falta de controles cruzados automatizados: Durante dos décadas, ningún sistema verificó automáticamente si beneficiarios de pensiones por discapacidad trabajaban formalmente, estaban presos o habían fallecido.
• Ausencia de alertas por patrones anómalos: Un sistema robusto habría detectado inmediatamente que 150 personas presentaran la misma radiografía o que 683 empleados de una institución recibieran pensiones en tiempo récord.
• Concentración de poder sin auditorías independientes: El sistema operó sin controles externos efectivos durante 20 años, permitiendo que la discrecionalidad política reemplazara criterios técnicos.
• Documentación fraudulenta sin verificación: La aceptación de certificados médicos sin validación cruzada con instituciones sanitarias oficiales creó una autopista para el fraude.
• Falta de trazabilidad en procesos críticos: No existían registros auditables de por qué se otorgaban pensiones en tiempo récord o quién autorizaba excepciones a los procedimientos estándar.

El Costo Real del Fraude Sistemático

Más allá de los USD 3,400 millones desviados anualmente, el fraude previsional argentino generó costos adicionales que impactan en la competitividad empresarial del país:

• Distorsión del mercado laboral: 25,000 personas trabajaban formalmente mientras cobraban pensiones por incapacidad, creando competencia desleal para empleadores que respetan la normativa.
• Sobrecarga fiscal: Los recursos desviados requirieron mayor presión tributaria sobre empresas y contribuyentes legítimos para financiar un sistema corrompido.
• Pérdida de confianza institucional: La magnitud del fraude erosiona la credibilidad del Estado como regulador, afectando el clima de inversión y negocios.
• Exclusión de beneficiarios legítimos: Los recursos desviados hacia fraudulentos redujeron la disponibilidad para personas con discapacidad real que necesitaban asistencia.

La Nueva Arquitectura de Control

El sistema implementado por Spagnuolo establece protocolos que podrían aplicarse en entornos empresariales para prevenir fraudes similares:

• Verificación médica independiente: Todas las evaluaciones son realizadas por profesionales de PAMI, independientes del solicitante y su entorno.
• Cruce de datos en tiempo real: Verificación automática con múltiples bases oficiales antes de otorgar o mantener beneficios.
• Auditorías presenciales obligatorias: Eliminación de trámites puramente documentales para casos que involucran sumas significativas.
• Trazabilidad completa: Registro digital de cada paso del proceso, desde la solicitud hasta la resolución, con identificación de responsables.
• Alertas automáticas: Notificaciones cuando beneficiarios aparecen en registros incompatibles (empleo formal, detención, fallecimiento).

Proyecciones y Sostenibilidad del Sistema

Si las proyecciones de ANDIS se cumplen, la eliminación de 250,000 pensiones fraudulentas generará un ahorro de $900,000 millones anuales que podrán redirigirse hacia:

• Mejora de pensiones legítimas: Incremento del monto para beneficiarios que realmente califican por discapacidad laboral.
• Expansión de servicios de salud: Fortalecimiento de PAMI y hospitales públicos que atienden a personas con discapacidad real.
• Reducción de presión fiscal: Menor necesidad de aumentos impositivos para financiar el sistema previsional.
• Inversión en prevención: Programas para evitar discapacidades laborales y mejorar condiciones de trabajo.

El desafío será mantener la eficiencia del nuevo sistema sin caer en burocratización excesiva que dificulte el acceso a beneficiarios legítimos.

Reflexiones para el Sector Privado

El escándalo ANSES 2025 constituye un case study sobre cómo sistemas aparentemente robustos pueden ser completamente corrompidos cuando faltan controles independientes y transparencia. Para empresas que manejan beneficios corporativos, seguros de salud o sistemas de compensación, las lecciones son claras:

• Auditorías independientes regulares: Evaluación externa de procesos críticos cada 2-3 años máximo.
• Automatización de controles: Sistemas que detecten patrones anómalos sin intervención humana discrecional.
• Trazabilidad digital: Registro inmutable de decisiones y sus justificaciones.
• Segregación de funciones: Separación entre quien evalúa, quien autoriza y quien ejecuta pagos.
• Transparencia de criterios: Publicación de estándares objetivos para eliminar discrecionalidad.

En un contexto empresarial donde la responsabilidad social corporativa y la gobernanza ESG son cada vez más relevantes, el caso argentino demuestra que la falta de controles internos no solo genera pérdidas económicas, sino que erosiona la reputación institucional de manera irreversible.

La pregunta que queda resonando para cualquier organización es directa:

¿Cuántos sistemas considerados «seguros» operan actualmente sin los controles que habrían detectado el fraude previsional argentino?