Cómo una Organización Criminal Estafó 100 Millones de Pesos al Sistema Previsional

El Despertar de una Pesadilla Millonaria

Era abril de 2018 cuando los teléfonos de los principales abogados de Mar del Plata comenzaron a sonar con insistencia. Del otro lado, agentes federales les informaban que sus colegas Luis Miguel Iros, Rubén David Cagni, Roberto Balbuena y Luciano Conrado Diez Suárez habían sido detenidos. Lo que parecía una investigación rutinaria se transformaría en el mayor escándalo de fraude previsional de la historia argentina contemporánea.

En las elegantes oficinas de la avenida Juan José Paso 2880 y 2890, donde funcionaba «Organización Jurídico Previsional SRL», no solo se tramitaban jubilaciones legítimas. Según estableció el Tribunal Oral Criminal Federal de Mar del Plata en diciembre de 2024, allí operaba una sofisticada maquinaria criminal que llevó adelante más de 300 fraudes previsionales por un estimado de casi 100 millones de pesos.

La frase que definiría el caso la pronunció Eduardo Bellini, jefe de investigaciones previsionales de AFIP, durante su testimonio:

«No era un estudio que gestionaba jubilaciones, sino un estudio que fabricaba jubilaciones».

La Anatomía de una Máquina Criminal

El fiscal federal Nicolás Czizik tardó más de un año en desentrañar la complejidad de esta organización. Durante 34 audiencias pasaron 117 testigos, cada uno aportando piezas de un rompecabezas que revelaba una estructura delictiva de precisión industrial.

La «Organización Jurídico Previsional SRL» no era un estudio jurídico convencional. Se constituyó en 2006 como SRL, y su accionar ilícito comprobado se remite al año 2011, pero lo que los investigadores descubrieron superó cualquier expectativa: una empresa criminal dedicada exclusivamente a la fabricación de beneficios previsionales fraudulentos.

Los protagonistas de esta historia tenían perfiles que, sobre el papel, inspiraban confianza. Luis Miguel Iros, el cerebro de la operación, era un abogado experimentado en derecho previsional. Junto a él, Rubén David Cagni y Luciano Conrado Diez Suárez, también letrados, y Roberto Balbuena, gestor previsional, conformaban el núcleo duro de la organización.

Pero detrás de sus títulos profesionales se ocultaba una realidad siniestra: Los cuatro fueron considerados jefes de una asociación ilícita y coautores de 94 casos de defraudación contra la administración pública consumados y 41 en grado de tentativa, además de 102 alteraciones dolosas de registros y 4 casos de tenencia ilegítima de DNI ajenos.

El Modus Operandi: Cuando la Ficción se Vuelve Realidad

La sofisticación del esquema criminal impresionó incluso a los investigadores más experimentados. La organización presentaba ante la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP) declaraciones juradas rectificativas falsas, que declaraban relaciones laborales inexistentes, como también «denuncias Z«, una herramienta de los trabajadores contra empleadores por incumplimiento en aportes.

La estrategia era diabólicamente simple: crear empleadores fantasma para generar historiales laborales ficticios. El fiscal Czizik documentó casos que rozaban lo surreal: simularon ante ANSES el historial laboral de muchísimas personas, llegando al absurdo de inscribir como empleador a un jubilado de 94 años cuyo domicilio declarado resultó ser el fondo del estudio jurídico, la declaración de un recolector de botellas al mando de un emprendimiento textil, o simular que el 100% de los empleados registrados por un hombre reclamaron beneficios jubilatorios en simultáneo.

La organización contaba con recursos humanos especializados para cada fase del fraude. Rodolfo Barone, conocido en la banda como «el alquimista», era el encargado de confeccionar los recibos de sueldo apócrifos utilizando máquinas de escribir con distintas tipografías y sellos.

Fernando «el prolijo» Biesa se desempeñaba como el principal captador de clientes y armador de empresas ficticias. Entre las maniobras que se le atribuyen está haber armado una empresa con un hombre de 97 años que murió a los pocos meses y otra presidida por un indigente que «contrataba» a las personas que después se jubilarían por discapacidad.

La Red de Complicidades: Médicos, Contadores y Funcionarios

El esquema no hubiera funcionado sin una red de complicidades que se extendía por múltiples instituciones. La investigación reveló que algunos médicos vinculados a la organización también actuaron como peritos judiciales oficiales en causas que tramitaban los propios abogados del estudio, sin hacer saber su relación ni excusarse de actuar.

José Ricardo Caliyuri coordinaba la faz médica de la operación. Fue condenado a 2 años y 9 meses de prisión como encargado de coordinar la faz médica de la organización criminal, autor de 41 casos de defraudación y 22 en grado de tentativa. Su función era filtrar información privilegiada desde la Comisión Médica N°12 donde trabajaba.

La organización incluso instaló un consultorio médico clandestino dentro del propio estudio jurídico. Para alcanzar sus objetivos se valían de la instalación de un consultorio médico no habilitado, del supuesto extravío de expedientes administrativos, la influencia sobre funcionarios públicos mediante ofrecimientos económicos, y la dilatación intencionada de los trámites previsionales.

Alejandro De la Torre Kriscovich, empleado de AFIP, era pieza clave del entramado. La intervención de funcionarios de AFIP y ANSES permitía tener un acabado conocimiento de sus sistemas, lo que permitía a la organización declarar servicios apócrifos mediante el uso de documentación apócrifa y datos personales y claves fiscales de empleadores.

El Negocio de la Invalidez Falsa

Una de las modalidades más rentables de la organización era la tramitación fraudulenta de retiros por invalidez. El camino que seguían algunos casos era la tramitación y obtención de retiros tempranos por invalidez, por montos calculados sobre la base de datos falsos y a través del fraude, la manipulación de historiales médicos, de procedimientos administrativos y judiciales.

Los médicos cómplices emitían certificados de discapacidad sin examinar a los pacientes. La investigación reveló casos escalofriantes: la hija de Barone, a los treinta años, consiguió una jubilación por discapacidad en ANSES, tramitada por el propio estudio jurídico donde trabajaba su padre.

El fiscal Czizik demostró que «falsificaciones, simulaciones, sobornos, dádivas, no han sido ajenos al obrar de esta organización criminal«. Un caso emblemático fue cuando Luis Miguel Iros intentó sobornar a un médico de la Comisión Médica N°12 ofreciéndole 6.000 pesos por cada expediente favorable al estudio jurídico.

La Caída del Imperio Criminal

El desmoronamiento comenzó en abril de 2016 cuando ANSES denunció ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social posibles fraudes en el otorgamiento de beneficios previsionales. Los 20 hechos iniciales se multiplicaron con el correr de los años hasta llegar a 369 casos de fraude contra la administración pública.

La colaboración de arrepentidos fue fundamental para desarmar la red. Dos médicos imputados quedaron bajo el marco de la ley del arrepentido por la importante información que aportaron, la cual no solo complicó a los principales acusados sino que fue fundamental para que la investigación avanzara con nuevos allanamientos, imputaciones y detenciones.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron evidencia abrumadora. Entre los documentos se encontraron formularios de apertura que la Organización Jurídica Previsional hacía figurar como clientes recomendados por funcionarios de ANSES, revelando la connivencia institucional necesaria para sostener el esquema.

El Veredicto Final: Justicia Después de Seis Años

El 9 de diciembre de 2024, el Tribunal Oral Criminal Federal de Mar del Plata dictó un fallo unánime que condenó a 16 personas por defraudación contra la administración pública, ordenando además el decomiso del inmueble donde funcionaba el estudio jurídico y del dinero secuestrado.

Las condenas principales reflejaron la gravedad de los hechos. Luis Miguel Iros recibió 8 años y 3 meses de prisión; Rubén David Cagni y Roberto Balbuena, 8 años cada uno; y Luciano Conrado Diez Suárez, 6 años. Todos fueron considerados jefes de la asociación ilícita.

El tribunal también ordenó penas para los colaboradores. Los médicos Rodrigo Néstor Jones, Juan Carlos Soria, Eduardo Alberto Moyano, Gustavo Enrique Domínguez y Nazareno Di Giovanni resultaron condenados a 3 años de prisión en suspenso como miembros de la organización.

El Costo Real del Fraude

El daño causado por la organización resultó difícil de calcular con precisión. En 2017 ANSES denunció menos de 30 fraudes con un perjuicio estimado en 90 millones de pesos. Sin embargo, el número total de fraudes consumados triplicaría ese monto inicial, sin considerar la inflación acumulada.

La magnitud real del esquema se reveló durante la investigación: Un incidente de reparación integral demostró que solo ocho casos generaron una deuda de 45 millones de pesos con ANSES, lo que refleja la verdadera magnitud de las maniobras.

Pero el costo trasciende lo económico. Por lo general, la organización se quedaba con el pago del retroactivo efectuado por ANSES, motivo por el que dilataban intencionalmente la tramitación de los beneficios, generando sufrimiento adicional a beneficiarios legítimos que veían demorados sus trámites.

Casos Pendientes y Ramificaciones

La investigación reveló que el caso de Mar del Plata es solo la punta del iceberg. La cantidad total de integrantes de la asociación ilícita asciende a 25 personas y el número de casos a 361. Un segundo tramo de la causa se encuentra a la espera de resolución de la Cámara Federal de Apelaciones.

Nuevas ramificaciones continúan surgiendo. Recientemente, la Clínica Mitre quedó en el centro de una ramificación de la megacausa por una millonaria estafa en la que habrían participado los ya condenados integrantes del estudio jurídico, los directivos del nosocomio y una veintena de personas beneficiadas ilegalmente.

Los investigadores estiman que esta nueva ramificación perjudicó al Estado en al menos 365 millones de pesos adicionales, lo que elevaría el daño total del esquema criminal a niveles astronómicos.

Lecciones Aprendidas y Medidas Preventivas

El caso de la «Organización Jurídico Previsional SRL» expuso vulnerabilidades sistémicas en el control de beneficios previsionales. La facilidad con que los criminales manipularon registros de AFIP y obtuvieron beneficios de ANSES reveló la necesidad urgente de fortalecer los sistemas de verificación cruzada.

Las autoridades han implementado nuevos protocolos de verificación que incluyen auditorías más frecuentes, sistemas de alerta temprana para detectar patrones sospechosos, y controles cruzados entre diferentes bases de datos gubernamentales.

La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social ha intensificado sus operaciones, reconociendo que el fraude previsional representa una amenaza sistémica a la sustentabilidad del sistema de seguridad social.

El Impacto en las Víctimas Invisibles

Mientras los criminales percibían beneficios millonarios, las verdaderas víctimas del fraude permanecían en las sombras.

Cada peso desviado ilegítimamente representaba recursos que no llegaban a jubilados legítimos, viudas en situación de vulnerabilidad, o trabajadores discapacitados con derecho real a prestaciones.

El testimonio de Eduardo Bellini durante el juicio reflejó la indignación institucional: El jefe de investigaciones previsionales de AFIP declaró «con notoria indignación» sobre las maniobras de la organización criminal.

La dilación intencional de trámites para maximizar retroactivos significaba que beneficiarios legítimos esperaban meses o años por prestaciones que les correspondían por derecho, mientras los estafadores se enriquecían con el sufrimiento ajeno.

Reflexiones Finales: Más Allá de los Números

El caso de la «Organización Jurídico Previsional SRL» trasciende las cifras económicas. Representa una traición al contrato social que sustenta el sistema previsional argentino: la promesa de que quienes aportan durante su vida activa recibirán protección en la vejez y la enfermedad.

La sentencia histórica de diciembre de 2024 envía un mensaje claro: el fraude previsional no es un delito menor, sino un ataque directo contra la solidaridad intergeneracional que mantiene unido el sistema de seguridad social.

El fiscal Czizik resumió con precisión la naturaleza del crimen: «No puede hablarse simplemente de multiplicidad de episodios, sino de un grupo coordinado, con permanencia en el tiempo, predeterminado a la comisión de delitos de diversa índole, con interés económico, que ha causado alarma social«.

El legado de este caso debe ser el fortalecimiento de un sistema previsional que proteja efectivamente a quienes han dedicado su vida al trabajo, mientras castiga implacablemente a quienes intentan aprovecharse del dolor y la vulnerabilidad ajenos.

La justicia ha hablado.

Ahora corresponde a las instituciones y la sociedad en su conjunto garantizar que casos como este no vuelvan a repetirse, protegiendo la integridad de un sistema que debe ser refugio, no botín de organizaciones criminales.